Ilustrados

Días de turbulencia, presagian tormentas judiciales en un año electoral donde las sensibilidades están ciertamente más irritables que de costumbre.
De impunidades, amnistías e institucionalidades se debate por estos días en Uruguay.
Claro que la ciudadanía suele estar inmersa en otras discusiones bastante más terrenales como la inestabilidad del trabajo, los aumentos desmedidos de los precios de la canasta básica familiar, la inseguridad cotidiana, o cómo hacer para que sus hijos puedan acceder a una educación digna.
Como suele suceder, la agenda política no repara semejantes nimiedades y dedica su mayor atención a las chicanas de los aspirantes al sillón presidencial.
A casi nadie le asombra ya ver las demostraciones de ego desmedido y de autosuficiencia de los candidatos referentes, denostando y desacreditando a sus contendientes circunstanciales sin reparar en si fueron otrora “compañeros del alma” o “correligionarios de pura cepa”.

No se les cae una idea.
La discusión real, social y educativa, no tiene lugar en los medios.
La tribuna electoral omite razones.
Descalifica compañeros de ruta.
Traiciona principios.
De encuestas y balotajes abundan las portadas de los medios.
Y por allí se cuelan dos o tres noticias relevantes para los pocos que aún insisten en informarse, por ejemplo, que varios dirigentes del partido de gobierno señalaron en los corrillos parlamentarios, en voz baja, obviamente, siempre conspirativamente claros, que de triunfar un candidato –en este caso José Mujica, quien es el que supuestamente fue proclamado oficialmente por su fuerza política- en ese caso no lo votarán.
¿Traición política?
No para nada…
De la veracidad de la información no cabe duda ya que fue publicada por el semanario Búsqueda, dirigido por uno de los mejores periodistas del Uruguay, Caudio Paolillo.
Tipo profesional, riguroso como pocos, detallista como nadie, exigente al máximo.
Y que yo sepa, no he leído a nadie que desmintiera esta publicación.
Asimismo, otra de las informaciones que pasó casi inadvertida por estos días fue la constatación que el Canciller de la República, el Dr. Gonzalo Fernández, ahora defiende al autoproclamado “hombre más rico del Uruguay” en el diferendo que mantiene con el Estado uruguayo.
Según el reconocido penalista y mano derecha del presidente Tabaré Vázquez, el empresario Francisco Casal no defraudó a la DGI y por ello no tendría razón de ser el reclamo ue efectuó ante la Justicia el organismo recaudador.
No es un detalle menor.
El prestigio de una gestión que se jactó que perseguir evasores si importar su magnitud e importancia social, económica o política queda en tela de juicio frente a una defensa de alguien que ocupa un cargo clave en este gobierno.
Poco o nada de eso hablan los referentes políticos de la izquierda. Incluso la oposición parece tener otras prioridades que tampoco pasan por allí.
Linda manera eligió Fernández para retribuirle al presidente la confianza que depositó en él, designándolo nada menos que ministro de RREE.
De la resolución judicial final -como pocas veces- quedarán claramente establecidos vencidos y vencedores.

Así, en medio de la modorra estival, el Parlamento nos brindó otra demostración de absoluto descrédito intelectual al debatir de la peor manera, la presunta inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado o Ley de Impunidad.
Entre reproches, gritos, pases de facturas y abandonos de salas, una vez más la inteligencia quedó sumergida en medio de la vulgaridad.
Mientras que, supongo yo, la Suprema Corte de Justicia observaría con cierta dosis de incredulidad el tono del debate, al tiempo que esperaba la respuesta parlamentaria a la consulta realizada.
Lamentable demostración parlamentaria de una calidad institucional reconocidamente devaluada por la ciudadanía, y más aún en tiempos electorales donde las prioridades políticas únicamente tienen forma de urnas.
Al menos, en un contexto de tanta falta de criterio, los uruguayos tenemos la garantía de una Suprema Corte de Justicia que intenta mantener la coherencia y la solvencia jurídica del país.
Con la reciente designación de su nuevo presidente, el Dr. Jorge Larrieux, ha ganado en prestigio y dignidad.
El reconocido jurista –poseedor de una trayectoria intachable- es una garantía de solvencia técnica, independencia, honestidad, idoneidad y credibilidad.

Larrieux es un ejemplo de actuación profesional digna de reconocimiento y elogio.
Y eso, en un contexto tan desalentador como el de este escenario político devaluado, no es poca cosa.
Al contrario, es una luz de esperanza en el camino.