La ley que otorgó impunidad a quienes violaron los DDHH durante la dictadura militar en Uruguay, fue concebida, precisamente, como una violación a todas las normas internacionales en materia de delitos de lesa humanidad.
Nació malparida.
El ex presidente Julio Sanguinetti, Luis Lacalle, Gonzalo Aguirre, Wilson Ferreira Aldunate, entre otros tantos, justificaron esa aberración jurídica a la que cínicamente denominaron como “Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado” (un eufemismo para evitar hablar de impunidad) como consecuencia de la supuesta amenaza de un nuevo quiebre institucional, ya que, los militares acusados de violaciones a los DDHH no pensaban acatar las citaciones judiciales y –luego se supo- si quiera llegaron a recibirlas por la complicidad del entonces ministro del Interior de la pseudo democracia (in) constitucional que había en aquellos años (basta mencionar las elecciones con candidatos presos o proscriptos, o los referidos desacatos a la Justicia).
Fueron años de crispaciones.
“Si un militar tiene que ir a declarar se van a sublevar” decían algunos.
“Juicio a los Culpables” decían algunos otros desde los muros o pancartas, pateando la institucionalidad de las garantías del debido proceso (¿para que me vas a juzgar si a tu consideración yo ya soy culpable… no? Ahorremos tiempo y desechemos las absurdas garantías constitucionales, tal como hicieron ellos…).
Pero, esa Ley Malparida, tuvo su revancha moral en las pasadas elecciones de octubre.
Los uruguayos todos dimos una revancha.
Incluso a pesar de la indiferencia de la mayoría de los dirigentes que antes había apoyado la derogación mediante el voto verde, se lograron juntar las firmas para que la ciudadanía –ahora sí- se expidiera y dijera sin amenazas ni extorsiones, si quería mantenerla o anularla.
Y allí, mal que nos pese a muchos, la mayoría la ratificó.
Duela lo que duela, la ciudadanía, nosotros los uruguayos, la confirmamos democráticamente y sin extorsiones de los generales golpistas, en un tiempo político tan distinto al anterior, éste en el que vivimos, donde algunos de ellos, incluso, actualmente están presos y gobierna la izquierda.
Empero, como malparida nació, malparida tiene que terminar.
La legislación internacional y los tratados refrendados por el Estado uruguayo señalan claramente que esa ley es violatoria de las más elementales normas de la jurisprudencia en la materia.
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, ya se había pronunciado anteriormente y de forma unánime, declarándola inconstitucional.
Entonces hay que encontrar la fórmula para que esa Ley –insisto, que ratificó democráticamente la ciudadanía- no permanezca un minuto más entre nosotros.
Hay que abortarla.
El FA no sabe si anularla, o derogarla o votar con su mayoría parlamentaria, algo que sabe va en contra de un pronunciamiento popular democrático.
Sea como sea, se hará.
Ninguna de las fórmulas va a ser totalmente digerible para todos los ciudadanos de esta tierra, como colectivo.
O bien por la constitucionalidad o bien por aquello de respetar la voluntad ciudadana, no solo cuando se gana sino cuando se pierde.
Dicen por ahí que las resoluciones de la Justicia no se discuten sino que se acatan.
Algo que se debería hacer con la voluntad popular en las urnas.
Acatarla.
¿O no? Y sí…
Claro siempre y cuando no sea una ley inconstitucional, pero en tal caso, seguramente deberíamos haber seguido el camino de la SCJ y así evitar este mamarracho político en el que –entre otros tantos- se encuentra el FA.
Contradicciones de esta Ley Malparida.
Perra como ella sola.
Ramera como ella misma.
Ley de mierda, bah.
La Malparida.
Nació malparida.
El ex presidente Julio Sanguinetti, Luis Lacalle, Gonzalo Aguirre, Wilson Ferreira Aldunate, entre otros tantos, justificaron esa aberración jurídica a la que cínicamente denominaron como “Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado” (un eufemismo para evitar hablar de impunidad) como consecuencia de la supuesta amenaza de un nuevo quiebre institucional, ya que, los militares acusados de violaciones a los DDHH no pensaban acatar las citaciones judiciales y –luego se supo- si quiera llegaron a recibirlas por la complicidad del entonces ministro del Interior de la pseudo democracia (in) constitucional que había en aquellos años (basta mencionar las elecciones con candidatos presos o proscriptos, o los referidos desacatos a la Justicia).
Fueron años de crispaciones.
“Si un militar tiene que ir a declarar se van a sublevar” decían algunos.
“Juicio a los Culpables” decían algunos otros desde los muros o pancartas, pateando la institucionalidad de las garantías del debido proceso (¿para que me vas a juzgar si a tu consideración yo ya soy culpable… no? Ahorremos tiempo y desechemos las absurdas garantías constitucionales, tal como hicieron ellos…).
Pero, esa Ley Malparida, tuvo su revancha moral en las pasadas elecciones de octubre.
Los uruguayos todos dimos una revancha.
Incluso a pesar de la indiferencia de la mayoría de los dirigentes que antes había apoyado la derogación mediante el voto verde, se lograron juntar las firmas para que la ciudadanía –ahora sí- se expidiera y dijera sin amenazas ni extorsiones, si quería mantenerla o anularla.
Y allí, mal que nos pese a muchos, la mayoría la ratificó.
Duela lo que duela, la ciudadanía, nosotros los uruguayos, la confirmamos democráticamente y sin extorsiones de los generales golpistas, en un tiempo político tan distinto al anterior, éste en el que vivimos, donde algunos de ellos, incluso, actualmente están presos y gobierna la izquierda.
Empero, como malparida nació, malparida tiene que terminar.
La legislación internacional y los tratados refrendados por el Estado uruguayo señalan claramente que esa ley es violatoria de las más elementales normas de la jurisprudencia en la materia.
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, ya se había pronunciado anteriormente y de forma unánime, declarándola inconstitucional.
Entonces hay que encontrar la fórmula para que esa Ley –insisto, que ratificó democráticamente la ciudadanía- no permanezca un minuto más entre nosotros.
Hay que abortarla.
El FA no sabe si anularla, o derogarla o votar con su mayoría parlamentaria, algo que sabe va en contra de un pronunciamiento popular democrático.
Sea como sea, se hará.
Ninguna de las fórmulas va a ser totalmente digerible para todos los ciudadanos de esta tierra, como colectivo.
O bien por la constitucionalidad o bien por aquello de respetar la voluntad ciudadana, no solo cuando se gana sino cuando se pierde.
Dicen por ahí que las resoluciones de la Justicia no se discuten sino que se acatan.
Algo que se debería hacer con la voluntad popular en las urnas.
Acatarla.
¿O no? Y sí…
Claro siempre y cuando no sea una ley inconstitucional, pero en tal caso, seguramente deberíamos haber seguido el camino de la SCJ y así evitar este mamarracho político en el que –entre otros tantos- se encuentra el FA.
Contradicciones de esta Ley Malparida.
Perra como ella sola.
Ramera como ella misma.
Ley de mierda, bah.
La Malparida.
